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¡En España hay 44.000 niños a cuyos padres
han quitado la tutela meros funcionarios de los Servicios Sociales!

 

En España hay unos 44.000 niños a cuyos padres han quitado la tutela no magistrados o jueces sino ¡meros funcionarios de los Servicios Sociales! Tal es el inusitado poder del que gozan y que puede llevar a separar y destruir familias con decisiones manifiestamente injustas no tuteladas judicialmente. De hecho hay funcionarios que consideran razón suficiente para ello no solo la falta de recursos económicos sino también la negativa de unos padres a vacunar a sus hijos, ofrecerles dietas vegetarianas o llevarles a profesionales de salud alternativos además de a médicos convencionales.
 
No hablamos pues de  padres violentos, abusadores sexuales o drogadictos con mono que no vuelven a ver a sus hijos por decisión judicial sino porque así lo deciden unos simples funcionarios por razones más que discutibles. Así lo denuncia de forma extensa y documentada una asociación de afectados que representa a más de 800 padres y madres en el número de la revista Discovery DSALUD que acaba de llegar a kioscos.
 
En el reportaje se explica que el estado da a los centros a los que se lleva a esos niños ¡4.000 euros al mes! por cada uno para "gastos de mantenimiento" y hasta 8.000 euros si es un centro de atención especial. Explicando que de los 1.131 centros que hay en nuestro país el 75% son privados por lo que parece inferirse que este sistema es para algunos un mero negocio ya que montar un pequeño centro para atender por ejemplo a 20 niños significa recibir 80.000 euros al mes del estado.
 
"Es evidente que detrás de todo esto hay un gran negocio que mueve cientos de millones de euros anuales. Podría justificarse si los centros fueran públicos y las ayudas escasas pero se permite que sean privados y las ayudas exageradas", denuncia de hecho en la revista el fundador de la asociación agregando: "Quien debería tomar la decisión de desamparar a un menor debería ser siempre un juez o magistrado. Y hacerlo por la vía de urgencia. Es inadmisible que hoy los padres a los que se quita la tutela de sus hijos no puedan defender sus derechos".
 
Todo ello ha sido ya denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Defensor del Pueblo de Cataluña (el Síndic de Greuges) y el Parlamento Europeo y va a hacerse en breve ante la Fiscalía General del Estado. Cabe añadir que el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo ya han admitido a trámite la denuncia.


 

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